Aunque la competencia en sí no es negativa, sobrepasar ciertas líneas rojas atenta contra las normas vigentes sobre la libre competencia. Los expertos en derecho mercantil Coruña, Lugo y otros municipios gestionan un volumen notable de litigios por competencia desleal al año. A grandes rasgos, esta práctica comercial engloba cualquier engaño, descrédito, dumping o confusión deliberada con el objetivo de adulterar el mercado o afectar a la clientela de un competidor.
Primeramente, las empresas deben prevenir activamente las diferentes formas de competencia desleal: desde las tarifas predatorias hasta la imitación de productos, pasando por la difusión de falsedades y la vulneración de secretos industriales. El registro de las marcas y patentes constituye la base legal para actuar en muchos de esos supuestos.
La creación de cláusulas y protocolos de confidencialidad también ayuda en caso de producirse una filtración de información o un ciberataque externo. No hay que olvidar a los empleados clave que, tras abandonar la organización, puedan transmitir su know-how a rivales comerciales.
Supervisar los precios o las campañas publicitarias del mercado, sin olvidar la esfera digital, es otra medida preventiva que contiene aplicar. En caso de detectar actos de competencia desleal, es legítimo recurrir a organismos de autorregulación (Autocontrol, CNMC) y poner fin a las disputas con rapidez. Esto permite minimizar su impacto negativo, sin pasar por el juzgado.
En concreto, esta denuncia administrativa afectaría al mercado y al interés público, beneficiando indirectamente a la entidad demandante si tiene éxito en sus reclamaciones. Además de disuadir ataques futuros, la empresa lograría así reforzar su autoridad y su imagen pública.
Agotada esta vía extrajudicial, la empresa debe pasar a la acción legal e interponer una demanda ante los Juzgados de lo Mercantil. Su reclamación es, en principio, exigir el cese de aquellas prácticas o conductas que estén generando daños y perjuicios a su negocio.