El suelo rústico o rural presenta cada vez más atractivos para el inversor, y por eso la compraventa de terrenos así calificados viene aumentando año tras año. Pero no es oro todo lo que reluce. Estas parcelas no urbanizables plantean una serie de retos, como el difícil acceso a los suministros básicos, la imposibilidad de ampliar las edificaciones existentes o su limpieza periódica por razones de seguridad. De hecho, el mantenimiento de fincas rústicas Galicia es una de las obligaciones más infravaloradas por los propietarios.
Las operaciones de desbroce y limpieza de vegetación no deseada deben llevarse a cabo al menos una vez al año. Esta inversión es doblemente necesaria: en primer lugar, con el fin de preservar la finca de la maleza y mantener despejados las instalaciones, sendas y otros espacios; en segundo lugar, para cumplir con la Ley de Montes y reducir la masa forestal susceptible de originar incendios, desencadenar plagas y enfermedades y otros perjuicios ambientales, bajo pena de multas económicas y responsabilidades civiles e incluso penales.
Los propietarios de fincas rústicas se enfrentan a otro problema mayúsculo: los impedimentos legales para edificar o ampliar construcciones ya legalizadas en el pasado, tanto vertical como horizontalmente. Cuestión aparte son las reformas. Las rehabilitaciones destinadas a elevar el valor estético, alterar la distribución o mejorar otros aspectos del terreno están permitidas, siempre dentro de lo razonable.
Otro inconveniente en este tipo de terrenos es el acceso a servicios básicos como el agua o la electricidad, indispensables para vivir o desarrollar una actividad profesional. La excesiva distancia de escuelas, supermercados y otros establecimientos también puede ser conflictivo.
Por otra parte, los problemas agronómicos —sobre todo aquellos que se ignoraban al evaluar esta inversión— afectan seriamente a la rentabilidad esperada. Estos incluyen la pendiente, la calidad de los cultivos, la humedad excesiva de la tierra y otros puntos negativos del terreno.